viernes, 26 de abril de 2013

El PP rechaza una iniciativa en el Congreso para evaluar el impacto de la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato :: El Médico Interactivo ::

:: El Médico Interactivo :: El PP rechaza una iniciativa en el Congreso para evaluar el impacto de la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato

El PP rechaza una iniciativa en el Congreso para evaluar el impacto de la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato


Madrid (26/04/2013) - Redacción/E.P.

• Los sistemas de vigilancia no han registrado cambios, argumenta el Partido Popular, mientras que el diputado socialista José Martínez Olmos destaca que esta reforma ha sido "enormemente perjudicial" para determinados colectivos

• Por otra parte, se aprueba una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a modificar la ley para autorizar prescribir a los fisioterapeutas; y se rechaza reconocer la especialidad de Enfermedades Infecciosas y crear la de Embriología y Genética Clínica

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado en el Congreso una iniciativa del Partido Socialista para que se analice el impacto en salud de la reforma sanitaria impulsada hace un año por el Gobierno que, entre otras medidas, dejó sin derecho a tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Durante la presentación de esta proposición no de ley, que ha contado con el apoyo de otros grupos como CiU o Izquierda Unida, el diputado socialista José Martínez Olmos ha destacado que esta reforma ha sido "enormemente perjudicial" para determinados colectivos.

En este sentido, ha recordado que varias ONG internacionales como Médicos del Mundo o Amnistía Internacional ya han denunciado que "están encontrando casos donde se les ha negado la asistencia sanitaria o se ha procedido a facturar la atención ofrecida".

"Es dramático, hay personas con enfermedades graves. Y la ministra de Sanidad siempre ha negado que haya personas que no tienen acceso a la Sanidad cuando la necesitan, y eso no es verdad. Hay que rectificar cuando los hechos lo demuestran", ha lamentado Martínez Olmos.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno que "como país serio que somos" inicie una evaluación del impacto de la reforma, avanzando que así lo establece la actual Ley de Salud Pública.

Sin embargo, la diputada 'popular' Pilar Marcos ha avanzado que su grupo no apoya esta revisión ya que, como ha apuntado, los inmigrantes están ahora "en igualdad de condiciones con los españoles cuando viajamos al extranjero".

Además, ha informado de que, según datos de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y sistemas de alerta sanitaria, no se ha producido ninguna modificación negativa de la incidencia o prevalencia de las enfermedades sometidas a control. De igual modo, tampoco se ha constatado ningún brote epidémico imprevisto en los últimos meses ni se ha comunicado ningún incremento en el número de casos de enfermedades de declaración obligatoria".

"El PP se preocupa por las personas con especial necesidad ya que todos los menores y mujeres embarazadas, aunque no residan legalmente en España, tienen garantizada la atención sanitaria como cualquier español. Además, cualquier inmigrante en situación irregular que tenga una urgencia médica tiene garantizado la asistencia sanitaria hasta el alta médica", ha defendido Marcos.


Prescripción de los fisioterapeutas
Por otra parte, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que presente una modificación legislativa para autorizar a los fisioterapeutas al uso, indicación y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión y siempre que estos no estén sujetos a receta médica.

La petición, que ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos, responde a una iniciativa del Grupo Popular y a una "demanda histórica" de estos profesionales desde que en la actual ley del Medicamento, aprobada en 2006, no se incluyera este colectivo.

Sin embargo, los grupos consideran que su capacidad de prescripción es "razonable" y "resulta viable" después de que los nuevos títulos de grado en Fisioterapia contemplen la adquisición de conocimientos para uso de medicamentos y productos ortoprotésicos y sanitarios, lo que "los cualifica en este ámbito de actuación".

La diputada de CiU, Conxita Tarruella, ha apoyado la iniciativa pero confía en que ésta "no genere falsas expectativas" como sucedió con la prescripción enfermera, todavía en fase de desarrollo pese a haberse aprobado en el Congreso hace casi cuatro años. También ha pedido más celeridad en el desarrollo de la prescripción fisioterapeuta la diputada socialista Pilar Grande,.


Prescripción y dispensación mediante visado
La Comisión de Sanidad ha dado también luz verde por unanimidad a otra iniciativa del PP para agilizar las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos sujetos a reservas singulares mediante visado, un mecanismo empleado por las administraciones para controlar y autorizar con carácter excepcional el uso de determinados fármacos.

El objetivo de la Cámara Baja es que el Gobierno realice una propuesta al respecto en un plazo de seis meses, aprovechando las buenas prácticas de las comunidades autónomas que obtienen los mejores resultados de tiempo y calidad en gestión.

Según ha defendido la diputada 'popular' Andrea Fabra, la petición genera una "carga burocrática" para los profesionales sanitarios y, además, suelen provocar dilaciones temporales en el acceso del paciente al tratamiento, así como desplazamientos a los centros asistenciales.

La diputada del PSOE Guadalupe Martín, no obstante, ha recordado que la agilidad en la dispensación de estos visados varía de unas comunidades a otras y ha incidido en que, en algunos casos, se está dificultando el acceso a estos procedimientos para restringir el gasto farmacéutico, como ha asegurado que sucede en la Comunidad de Madrid.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, por su parte ha calificado la propuesta del PP como una "iniciativa de incienso al Gobierno" y ha avisado de que "se pueden meter en un buen lío" con la misma.

Por contra, la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja ha rechazado sendas proposiciones no de ley para que se reconociera la especialidad de Enfermedades Infecciosas y se creara la especialidad de Embriología y Genética Clínica.


El debate sobre la privatización
Durante la Comisión de Sanidad también se han rechazado dos iniciativas de Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra los modelos de gestión sanitaria privada que están impulsando algunas comunidades.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha asegurado que, tras la reforma de Ana Mato, hay comunidades que "huyen hacia adelante" con "nuevos modelos sanitarios más opacos y menos eficientes" que, a su juicio, deben evaluarse ya que "en muchos casos buscan ocultar déficit público".

Por su parte, la portavoz de UPyD Rosa Díez ha reconocido que, aunque no desechan la colaboración publico-privada, es necesario que se presenten "estudios técnicos que evalúen su eficacia".

Ante estas afirmaciones, el portavoz 'popular' Manuel Cervera ha defendido que "la gestión privada es legal y, en cualquier caso, es reversible". Además, considera que ante cualquier modelo de gestión "debe haber un control público".

De igual modo, ha recordado que los hospitales de gestión privada "tienen transparencia de sus indicadores de gestión". "Deberíamos hablar de calidad de prestación o de índices de satisfacción, porque en estos hospitales el ciudadano está muy contento con los servicios que se le dan".


Plan integral de atención a menores de tres años dependientes
La Comisión ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para impulsar la elaboración del plan integral de atención a los menores de tres años en situación de dependencia.
El portavoz adjunto de Servicios Sociales, Luis Carlos Sahuquillo, encargado de defender esta iniciativa, ha subrayado que "para lograr una adecuada protección de los menores de tres años en situación de dependencia, es necesario que se apruebe cuanto antes, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,  un Plan Integral -ya previsto en la Ley de Dependencia-, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, sin perjuicio de sus competencias, para facilitar la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales", así como "dotarlo económicamente con la financiación necesaria".

Se ha rechazado la iniciativa sobre supresión de la aplicación de tasas judiciales a las personas en situación de dependencia, defendida por la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez.

No hay comentarios: