sábado, 16 de marzo de 2013

La colaboración sanitaria público-privada no se ha evaluado nunca en España, según el presidente de la Asociación de Economía de la Salud :: El Médico Interactivo ::

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La colaboración sanitaria público-privada no se ha evaluado nunca en España, según el presidente de la Asociación de Economía de la Salud

Madrid (16-19/03/2013) - Redacción

Juan Oliva ha participado en el VII Círculo Sanitario de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS)



Este experto ha señalado que en el Reino Unido el análisis de 146 casos de iniciativa privada para la Sanidad pública durante los últimos diez años ha permitido apreciar que el coste es mayor; no existe transferencia real de riesgos; los pacientes de gestión pública tienen patologías más complejas que los derivados a las concesiones de gestión privada; y que lo único que ha funcionado es la introducción de elementos de competencia

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) celebró su VII Círculo Sanitario en la sede del Colegio de Médicos. Uno de los participantes, Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), señaló que en nuestro país, aunque llevamos dos décadas de ensayos de distintos tipos de colaboración sanitaria público-privada, hasta ahora no se ha evaluado nunca. Otros países que sí se han tomado esa molestia son las únicas referencias para el proceso iniciado en Madrid por el Gobierno de Ignacio González, de privatizar seis hospitales y 27 centros de salud.

Oliva señaló que en el Reino Unido, el análisis de 146 casos de iniciativa privada para la Sanidad pública durante los últimos diez años ha permitido apreciar que: el coste es mayor; no existe transferencia real de riesgos (si las empresas tienen pérdidas, se las rescata o se las amplía las condiciones de los contratos); los pacientes de gestión pública tienen patologías más complejas que los derivados a las concesiones de gestión privada; y que lo único que ha funcionado es la introducción de elementos de competencia, que ha mejorado los parámetros de calidad de los centros dependientes del servicio nacional de salud inglés (National Health Service).

Juan Oliva indicó también que "no existen pruebas palpables de que la gestión privada sea mejor que la pública, pero que tampoco las hay en sentido contrario". Según indicó, la eficiencia de la gestión no depende de la titularidad de la misma, sino de las condiciones de los centros y de una adecuada supervisión.

La séptima edición del Círculo Sanitario ha estado dedicada a la "Privatización de la Sanidad en Madrid, aspectos médicos y legales". En la primera mesa redonda participaron el doctor Francisco José Sáenz Martínez, médico de familia en Arganda del Rey y expresidente en Madrid de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor Carlos Lozano Trotonda, jefe de Servicio de Análisis Clínico del Hospital Santa Cristina y vocal de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), y la doctora Ana Sánchez Atrio, jefa de Sección de Reumatología del Hospital Príncipe de Asturias y vicepresidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.

El doctor Sáenz Martínez se mostró contrario al "pensamiento único" e indicó que la respuesta al tsunami provocado por el presidente de la Comunidad, Ignacio González, con su anuncio de privatización de la Sanidad ha sido una sucesión de "mareas blancas" de repulsa, pero que cualquiera que tenga conocimientos marineros sabe que las mareas no son adecuadas para navegar. En su opinión, hay que buscar formas de avanzar, pero las respuestas dadas desde "plataformas" han sido excluyentes en aras de la unidad, asimismo resaltó que el comportamiento de AMYTS en la Mesa Sectorial de Sanidad ha resultado ejemplar en la defensa de los médicos. Desde su punto de vista, la atención primaria pública de Madrid es de una alta calidad y no debe recelar de compararse con una atención primaria gestionada por entidades de base asociativa, siempre y cuando no se toquen los derechos de los trabajadores.

Para el doctor Lozano Trotonda, la postura de FACME es necesariamente compleja porque los conflictos de intereses hacen que la Sanidad sea complicada. Desde su experiencia personal como jefe de Análisis Clínico de un hospital, indicó que el proceso privatizador ya se inició en 2007 con la privatización de la central de laboratorios para los nuevos hospitales; y que ellos se revolvieron en aquella ocasión contra esa opción, lo mismo que el conjunto de la Sanidad lo está haciendo ahora y con los mismos resultados: no han conseguido nada. No obstante –añadió- una iniciativa de los jefes de Servicio de Laboratorio de los Hospitales a la Consejería comprometiéndose a alcanzar los ahorros que ellos buscaban, sí está llegando a buen puerto, en la medida que parte de la implicación directa de los profesionales en la gestión. Con esta salvedad, que se apoya en la participación directa de los profesionales, Lozano subrayó que es un firme partidario de la gestión sanitaria pública porque la cartera de servicios de los hospitales hasta ahora privatizados no es equiparable a la de los hospitales tradicionales que siguen soportando las patologías más complejas "sin que yo tenga constancia de que exista facturación por las derivaciones de pacientes desde la gestión privada a la gestión pública".

La doctora Sánchez Atrio centró su intervención en valorar el código deontológico de los médicos, paradigma, desde su punto de vista, del sentido común. Según dicho código, el médico está al servicio del paciente y debe velar por la calidad y la eficiencia. En su opinión, "estamos viviendo en una convulsión y es necesario abordar una reforma sanitaria y social global". Se debe incluir a los médicos en la gestión, desarrollar la historia clínica única, y motivar a los facultativos para evitar la inercia de dejar las cosas como están. La garantía de buen funcionamiento de cara al futuro se encuentra en una Comisión de Calidad del Colegio de Médicos "potente e independiente".

La segunda mesa redonda, centrada en los aspectos legales y económicos, contó con la participación de la doctora Rosa Guardiola, letrada de la Asesoría Jurídica de AMYTS; la doctora Mónica Domínguez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y del doctor Juan Oliva, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Asociación de Economía de la Salud.

La doctora Rosa Guardiola repasó el marco jurídico que ha posibilitado la actual situación de privatización, se centró en la Ley 8/2012, de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013, e indicó que la situación del personal de los hospitales y centros que se van a privatizar será la siguiente: el personal fijo del Sermas será reubicado en otros centros aplicando la movilidad que impondrá la Consejería de Sanidad según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que fue presentado en la Mesa Sectorial y rechazado por AMYTS; también puede darse la circunstancia de que ese personal fijo permanezca en sus puestos de trabajo en las condiciones laborales que le imponga la empresa adjudicataria, circunstancia en la que pierde su régimen estatutario. El personal estatutario temporal será amortizado y despedido sin indemnización, y el personal laboral resultará extinguido por causa de fuerza mayor con una indemnización de ocho días por año trabajado. En opinión de Guardiola, la defensa de estos profesionales se debe iniciar con la impugnación de los pliegos de condiciones de las adjudicaciones, puesto que la normativa española impide abordar acciones judiciales a futuro. También indicó que la situación es muy complicada y que será necesario ser extremadamente cautelosos.

La doctora Mónica Domínguez, encargada de señalar si el proceso de privatización disponía de suficiente base legal, vertió un jarro de agua fría sobre los asistentes indicando que, en efecto, la Comunidad de Madrid dispone de las herramientas jurídicas para llevar adelante su proceso, máxime –señaló- cuando un único antecedente que fue la impugnación sobre el Hospital de Alzira llegó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que validó como legítima la concesión. No obstante, añadió, que tanto en este caso como en algunos que han sido abordados tangencialmente por el Tribunal Constitucional, la consideración de que esta gestión privada no ponía en riesgo el sistema público, se producía por la excepcionalidad o el poco número de iniciativas de gestión privada. Es posible, indicó, que si los casos de gestión privada (indirecta) se generalizaran, el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse, siempre y cuando se planteara el correspondiente recurso de inconstitucionalidad por los legitimados para hacerlo (Gobierno central o autonómicos, Cortes Generales o parlamentos autonómicos, 50 diputados o senadores; el Defensor del Pueblo, o un órgano judicial).

El presidente de AMYTS, doctor Daniel Bernabéu, en la introducción de este Círculo Sanitario, presentó el marco de la privatización e indicó que el detonante definitivo fue el anuncio del presidente Ignacio González, el 31 de octubre de 2012, de la transformación funcional de los hospitales de la Princesa y Carlos III y la privatización de la gestión de los seis nuevos hospitales y 27 centros de salud. La Consejería hasta ahora, señaló, ha hecho oídos sordos a la movilización generalizada de los profesionales y al más de millón de firmas presentadas por los ciudadanos.

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