Salud dice que el Gobierno quiere un modelo sanitario contrapuesto al andaluz

El pasado viernes el Consejo de Ministros decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional las subastas de medicamentos de la Junta de Andalucía.

Ainhoa Muyo Labraca | 03/04/2012 00:00

La Consejería de Salud andaluza, dirigida por María Jesús Montero -en funciones-, considera que la decisión del Gobierno se trata de "un pulso en un claro posicionamiento del modelo de Sanidad por el que apuestan". Según la consejería, el recurso enfrenta dos modelos sanitarios: el de quienes apuestan por garantizar la sostenibilidad del modelo sin quitar prestaciones a la ciudadanía, recortar derechos ni ajustar plantilla, y el de quienes penalizan a la sociedad aplicándole medidas como el copago que han implantado en Cataluña o apostando por la privatización de la sanidad.

Montero no considera una casualidad que la decisión se produzca tan sólo unos días después de las elecciones andaluzas: "No se entiende que se solicite dialogar para el decreto ley de medidas urgentes de farmacia y se lleve al Tribunal Constitucional la resolución".

Su departamento confía en que se levanten las medidas cautelares que ha impuesto el Gobierno, ya que para ellos suponen un ahorro importante en Sanidad.

Celebrando la noticia

La decisión del Consejo de Ministros ha sido muy celebrada desde la patronal de farmacias andaluzas Ceofa y desde Farmaindustria.

Según Ceofa, el recurso está avalado por un dictamen favorable del Consejo de Estado, que cuestiona su legalidad al invadir competencias exclusivas del Estado. Por eso ha manifestado su satisfacción, porque "la subasta de medicamentos impedía a los andaluces las prestaciones farmacéuticas garantizadas a todos los españoles. Con ella se selecciona un solo medicamento para cada principio activo".

Las farmacias andaluzas cuestionan este modelo porque consideran que excluye a los andaluces de prestaciones incluidas en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud.

Por su parte, Farmaindustria también respalda la decisión del Gobierno; la patronal explica que la subasta de medicamentos "invade competencias del Estado, vulnera la legalidad vigente, rompe la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica y restringe la competencia".

Farmaindustria ha definido esta iniciativa como un caso más de desigualdad entre los ciudadanos según su lugar de residencia, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y desequilibrando las prestaciones farmacéuticas e implicando una grave restricción de la competencia para las compañías de medicamentos.