miércoles, 25 de abril de 2012

Las CC.AA. deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, según publica el BOE :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad Las CC.AA. deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, según publica el BOE

Las CC.AA. deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, según publica el BOE

Madrid (25/04/2012) - E.P.

• Los usuarios de prótesis, productos dietéticos y del transporte sanitario no urgente también deberán pagar parte del importe de estos servicios

• El PSOE critica que el Gobierno haya "escondido" las medidas sanitarias, que tilda de "chapuza"

Las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio, tal y como ha publicado este martes el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
En cuanto a los usuarios de prótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente, la obligatoriedad de cofinanciación será por renta teniendo en cuenta los baremos establecidos. Según el BOE, "el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación".
Las medidas adoptadas en cuanto a estos servicios entrarán en vigor cuando se agote el plazo de seis meses dispuesto por el Ejecutivo a partir de la aprobación del Decreto ley publicado este martes. Por ello, se establecerá un Consejo Interterritorial al acabar el plazo fijado.
No obstante, sí entran dentro de la cartera de servicios básica, "las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública".
Tras tres días de retraso en la publicación de las medidas adoptadas por "motivos técnicos", tal y como confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad este lunes, se da por oficializada la reforma sanitaria propuesta por el Ejecutivo. Así, y según se describe en el decreto, "las administraciones públicas deberán adoptar, con anterioridad al 30 de junio de 2012, todas las medidas que sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo 4".
Según la nueva norma, "la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente". De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60 por ciento del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50 por ciento si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40 por ciento para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.
En cuanto a los pensionistas, también deberán cofinanciar el coste de los medicamentos con una aportación del 10 por ciento del precio del fármaco. Sin embargo, si la pensión del asegurado alcanza los 100.000 euros éste deberá abonar el 60 por ciento del coste, asemejándose así a los activos con el mismo sueldo.
Fondo de Garantía Asistencial
Por otro lado, y como garantía financiera del SNS, el Gobierno dispone la creación de un Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario. Así se cubrirán "los desplazamientos entre comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de personas que gozan de la condición de asegurado", tal y como describe el BOE. Además, el fondo creado permitirá compensar las actuaciones de los servicios de salud de las CCAA realicen en el marco de la cartera común básica.
El objetivo de la reforma sanitaria es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad, unos 3.550 millones de euros, se conseguirá con las medidas antes narradas; la desfinanciación pública de fármacos "obsoletos" o "con menor terapéutico"; un plan para el impulso de medicamentos genéricos, nuevos precios de referencia y el ajuste de los envases a la duración de los tratamientos.
Asimismo, el Gobierno también ha preparado un plan para luchar contra el turismo sanitario y el "uso fraudulento" de la Sanidad por parte de extranjeros no residentes en España, con el que se ahorrarán unos 1.500 millones de euros. Para ello, el Real Decreto ley incluye la modificación de la actual Ley de Extranjería y la adaptación completa de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe, con la que se generará un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones.
El resto del ahorro procederá de la creación de una cartera de servicios común para todas las comunidades y la implantación de la 'e-salud' (700 millones de euros); mejorando la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales (600 millones); y con la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilite la movilidad entre los servicios de salud (500 millones).
Potenciar los genéricos
Por otra parte, el Gobierno establece un nuevo sistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que, según recoge el Real Decreto ley, "sólo se tendrán en cuenta" las reducciones que supongan, "como mínimo", el 10 por ciento sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos.
Asimismo, se excluirán de la prestación farmacéutica aquellos fármacos indicados en el tratamiento de síntomas menores y los que contengan un principio activo que cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso.
También se mantendrán fuera aquellos en convivencia con un medicamento sin receta con la que comparte principio activo y dosis; aquellos que tengan consideración de medicamento como publicitario en el entorno europeo; y aquellos innovadores que no cumplan un avance terapéuticos indiscutibles.
Además, a favor de los medicamentos genéricos, el Gobierno establece un artículo por el cual cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el medicamento prescrito tiene un precio superior al del menor precio de su agrupación homogénea el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito por el de menor precio y, en caso de igualdad, dispensará el medicamento genérico o el medicamento biosimilar correspondiente.
Finalmente, se excluirán fármacos teniendo en cuenta el establecimiento de precios seleccionados, lo que significa que el Gobierno propone a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos el precio máximo seleccionado aplicable, teniendo en cuenta grupos de fármacos, de modo que las farmacéuticas acuden a la oferta de medicamentos financiados.
Con esta nueva normativa pretende "sentar las bases para un análisis exhaustivo de los beneficios que un nuevo medicamento o producto sanitario aporta a la sociedad, en general, y al tejido socioeconómico español, en particular, a la hora de decidir sobre sus condiciones de financiación por el Sistema Nacional de Salud".
El sistema de precios seleccionados se aplicará a medicamentos sujetos a precios de referencia, teniendo en cuenta el consumo del conjunto, el impacto presupuestario, que no se no se produzca riesgo de desabastecimiento, y, por ello, finalmente se contemplarán, al menos, tres medicamentos en el conjunto.
De este modo, una vez establecido ese precio, éste, a través de la unidad con responsabilidad en prestación farmacéutica, se comunicará a los proveedores para que dé comienzo el inicio de un procedimiento de precio seleccionado.
El precio seleccionado tendrá una vigencia de dos años durante los cuales no podrá ser modificado, y los laboratorios titulares de la autorización deberán asumir el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento mediante declaración expresa al efecto.
Se refuerza a la ONT
Por otra parte, el Gobierno ha modificado el Real Decreto 1301/2006 por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, así como la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, según publica este martes el BOE. De este modo, se regula un registro "único" de donantes de médula, y se impide que empresas como la alemana DKMS busquen donantes en España.
"Se trata de una modificación que establece la necesidad de una autorización previa de las CCAA en su ámbito de actuación y de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), si se trata de más de una CCAA, para cualquier persona o entidad que quiera desarrollar actividades de promoción y donación de células y tejidos, en general, y en caso de médulas y progenitores hemopoyectivos, en particular", ha explicado el director de la ONT, Rafael Matesanz, a Europa Press.
Ahora se establece la obligación de disponer de autorización administrativa previa para realizar actividades de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos; y se constituye un registro de donantes de progenitores hematopoyéticos comprensivo de la información agregada del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
"Hemos entendido siempre que, con la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública, cualquier entidad que pretendiera hacer este tipo de promoción tenía que solicitar autorización, pero no estaba explicitado de forma clara, lo que se hace entonces es tapar un pretendido vacío legal", ha añadido.
El sistema de registro único será gestionado por la ONT, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas. El Ministerio podrá delegar en entidades públicas o privadas, aunque ya actualmente es así en el caso de la captación y gestión de donantes y trasplantes de médula ósea.
Críticas del PSOE
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha criticado que el Gobierno no haya desvelado hasta este martes gran parte de las medidas que publica el BOE, como el pago de prestaciones ortoprotésicas o transporte ambulatorio que no sea de urgencia, que a su vez ha tachado de "chapuza sanitaria y contable".
Rodríguez ha criticado concretamente que el Gobierno haya publicado estos datos en el BOE sin haberlos citado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, momento en el que el Gobierno dio luz verde a la publicación y puesta en marcha de estas medidas de ahorro.
Además, ha alertado de que en próximas semanas el Ejecutivo "pondrá en marcha el medicamentazo" o copago sanitario, que según el BOE entrará en vigor el próximo 1 de julio, y que siempre había negado el Partido Popular.
Los inmigrantes irregulares, sin tarjeta
Por otra parte, todos los inmigrantes en situación irregular en España se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, cuando sólo accederán a la atención de urgencias, a no ser que acrediten la condición de asegurados, según establece el Real-Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Sanidad, a partir de ese momento las tarjetas sanitarias obtenidas por inmigrantes en situación irregular empadronados en España quedarán anuladas.
Esta medida, con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 500 millones de euros, afectará a un mínimo de entre 120.000 y 150.000 personas en España. En la actualidad, 3.270.188 personas con nacionalidades de fuera de la UE están empadronadas en España, mientras que en la Secretaría General de Inmigración figuran 3.117.719 permisos de residencia expedidos a ciudadanos de estas procedencias.
A falta de datos oficiales sobre la irregularidad en España, rondarían los 100.000 los extranjeros sin permiso de residencia que en la actualidad figuran en el Padrón y por ello, pueden acceder a una tarjeta sanitaria. Cien mil personas que perderán este derecho a partir del 31 de agosto.

No hay comentarios: