La medida amenaza la lucha contra enfermedades y saturará urgencias

Negar el derecho a la asistencia es un retroceso sanitario

Las consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular

Emilio de Benito / María R. Sahuquillo Madrid 23 ABR 2012 - 21:56 CET16

La sala de espera de un centro de atención primaria de Barcelona. / MARCEL-LÍ SÀEZ

Dejar sin acceso a la atención primaria y a los servicios especializados a los extranjeros irregulares retrotrae a la situación de 2000, antes de que el cambio en la Ley de Extranjería les permitiera disponer de tarjeta sanitaria solo con empadronarse. Y eso, para algunos expertos, como un médico madrileño que lleva 25 años atendiendo a esta población, es “volver a los ochenta”. “Es muy importante que reciban control de enfermedades infecciosas, que muchas son transmisibles”, afirma. “Y ello no solo para beneficiar al individuo, sino también a su comunidad, que suele ser también inmigrante, pero también a la población en general, que es con la que tratan”, añade.

Entre estas enfermedades está la tuberculosis. “En Madrid, los inmigrantes son ya el 50% de los casos”, dice. “Y los esfuerzos para controlarla sufrirán un retroceso”.

Algo parecido sucede con el VIH. “Un 40% de los nuevos diagnósticos lo son”, añade. El Colectivo de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), cree que con ello se les “está condenando a muerte”. “El número de personas inmigrantes atendidas en nuestros programas de salud supuso en 2011 un 31% en el programa de prueba rápida y un 81% en el programa de atención a trabajadores sexuales”, añade Cogam. Quedarse sin tarjeta les abocaría a una situación sin salida. Sin tarjeta, no podrá acceder a la medicación. Esta, en España, solo se da en hospitales. Y, si se vendiera, cuesta unos 7.000 euros al año. Demasiado para la mayoría.

Claro que a los enfermos extranjeros les va a quedar una salida parcial: ir a urgencias. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo, lo confirma. “Y son servicios ya sobrecargados a los que se va a añadir un problema”, afirma.

Porque, según Toranzo, “no se puede impedir que la gente vaya a urgencias”. “La definición de ese estado, es subjetiva, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y todos tienen que ser atendidos. Solo después se puede decidir si era un caso de auténtica urgencia”, indica el experto.
“Se nos va a pedir una atención que no podemos dar”, expone. Por ejemplo, una persona llega a urgencias y se le detecta una mancha en un tumor. “Y no podremos derivarla a un especialista, a un oncólogo para que diga si tiene cáncer”. Eso va a repercutir “en que haya conflictos en los servicios, y afectarán a los profesionales, pero también a los usuarios”, indica Toranzo.

Antonio Díaz de Freijo, de la ONG Karibu, afirma que ya “desde que empezó la crisis, estamos notando una mayor demanda”. Su asociación, cuyo nombre significa bienvenido en suajili, atiende a unas 1.000 personas al año. “Muchos no saben ni que pueden ir a urgencias; otros no puden pagar la medicación que les recetan”, añade.

Ese es un problema con el que se encontrarán, según Vladimir Pascual, presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, muchas familias. “La medida hace todavía más vulnerable a un colectivo que ya lo es de por sí”, reclama. “Dejar sin cobertura sanitaria a estas personas puede acarrear problemas de salud pública y aumentará la afluencia en urgencias, así que ese pretendido ahorro no va a ser tal”. “Esto atenta contra la salud pública de las personas y es muy peligroso. Va a surgir una asistencia sanitaria paralela, va a aumentar la automedicación y se van a enviar y traer medicamentos de otros países”.